Tres reguladores federales han propuesto normas que obligarían a los emisores de stablecoins a operar como bancos. El Tesoro quiere que ejecuten programas contra el blanqueo de capitales y de cumplimiento de sanciones. La OCC exige informes confidenciales semanales y estados financieros trimestrales. La FDIC quiere que las obligaciones de la Ley de Secreto Bancario se apliquen a los emisores que supervisa.
De adoptarse, emitir un token vinculado al dólar requerirá controles de clientes, monitoreo de transacciones, reporte de actividades sospechosas, divulgación de reservas y un flujo constante de datos hacia un regulador principal. La siguiente fase de la regulación de stablecoins tiene menos que ver con el permiso para emitir un token y más con si un emisor puede asumir el coste de ser supervisado como una institución financiera.
Gran parte de esto formaliza lo que los grandes emisores ya hacen. Pero para los más pequeños, la carga de cumplimiento se convertirá en la mayor barrera para entrar en un mercado que hoy ronda los 320 000 millones de dólares. La claridad jurídica por la que la industria luchó durante años llegó acompañada de un coste operativo que decide quién puede realmente competir.
La Ley GENIUS, promulgada en julio de 2025, creó el marco federal para las stablecoins de pago. Permite a una empresa emitir estos tokens solo como «emisor permitido de stablecoins de pago» (PPSI, por sus siglas en inglés), lo que significa que los emisores deben ser autorizados por los reguladores bajo el régimen federal. El Tesoro abrió la elaboración de normas para completar los detalles a finales de 2025; las propuestas que se presentan a lo largo de 2026 convierten ese permiso en un régimen de cumplimiento operativo.
El producto de un emisor de stablecoins parece simple –un token equivale a un dólar–, pero la versión regulada conlleva una larga cola operativa. Cumplir las normas significa ahora disponer de equipos y sistemas para identificar clientes, monitorear transacciones, filtrar monederos y contrapartes frente a listas de sanciones, indica comportamientos sospechosos y documentarlo todo para un examinador. Esa labor se traslada de la periferia de una empresa de criptoactivos al centro del negocio.
El cambio tomó forma concreta en abril de 2026, cuando FinCEN y OFAC, del Tesoro, emitieron una propuesta normativa conjunta que trataría a los emisores permitidos como instituciones financieras según la Ley de Secreto Bancario y, por primera vez, exigiría a una categoría de personas estadounidenses mantener un programa eficaz de cumplimiento de sanciones. La FDIC siguió el 22 de mayo con una norma paralela para los emisores que supervisa –aquellos que operan como subsidiarias de bancos estatales no miembros y asociaciones de ahorro estatales–.
Todo esto cambia la estructura de costes del negocio. La ventaja competitiva se inclina hacia la capacidad de cumplimiento normativo. Los emisores que pueden costear abogados, proveedores de monitoreo de transacciones, sistemas de reportes y relaciones bancarias sólidas tienen ventaja. Para las empresas más pequeñas, la ventana se está cerrando. El periodo de comentarios sobre estas propuestas se extiende hasta agosto de 2026; las normas definitivas podrían reconfigurar de forma permanente quién participa en el mercado de stablecoins de 320 000 millones de dólares.
Agencias de EE. UU. proponen convertir emisores de stablecoins en seudobancos
Nuevas normas federales exigen que los emisores de stablecoins operen como bancos, añadiendo costes de control de clientes y presentación de informes financieros. Esta regulación eleva las barreras para los emisores más pequeños en un mercado que ya vale 320 000 millones de dólares.